Según el Grupo de Wolfsberg, un organismo que concentra 13 bancos globales para desarrollar estándares en contra del lavado de dinero, las instituciones financieras, se encuentran en una posición privilegiada, no solo para aportar información sobre las actividades vulnerables y transacciones sospechosas, sino como un sistema de retroalimentación y orientación para enfocar los riesgos latentes para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
El Grupo de Wolsfberg, apuntó que hay un área de oportunidad en el desarrollo de marcos de comunicación e intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades gubernamentales, aunque ya se encuentra el precedente del Portal Antilavado en México. En este contexto, existen diversos participantes en el sistema financiero que debido a las legislaciones, no comparten abiertamente la información que pudiera aportarse para la lucha contra el lavado de dinero en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la institución que recibe la información a través de los sujetos obligados dentro del marco legales de la ley LFPIORPI, entre los que se encuentran las operadoras de servicios financieros, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La cantidad de información procesada por la UIF es bastante y se encuentra funcionando a recomendación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
De acuerdo al Grupo de Wolfsberg, realizó un análisis sobre el enfoque basado en riesgos en los que concluyó que la asociaciones pública-privada puede ser la mejor apuesta que tiene el gobierno a fin de mejorar la eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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