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En las últimas dos décadas, México ha sido testigo de un aumento significativo en el número de leyes y regulaciones, especialmente en el ámbito del derecho administrativo. Este crecimiento, impulsado en parte por la necesidad de combatir el lavado de dinero, ha transformado la forma en que interactuamos con la administración pública en nuestro país.

El hecho se hace evidente al observar cómo una gran cantidad de actividades comerciales y financieras ahora requieren la intervención de las autoridades administrativas. Esto se debe en gran parte a la implementación de leyes como la Ley para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que entró en vigor hace casi once años.

Inicialmente concebida como una medida para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, la LFPIORPI ha evolucionado para convertirse en una legislación que afecta a una amplia gama de negocios y transacciones financieras. Si bien su objetivo principal es perseguir a los delincuentes, la aplicación rigurosa de esta ley ha generado preocupaciones entre pequeñas empresas y comerciantes.

Además, la facultad otorgada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar y sancionar a aquellos que no cumplen con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI ha aumentado la presión sobre los contribuyentes. Esto se ve reflejado en la ley de ingresos de 2019, que introdujo facilidades administrativas para regularizarse ante esta legislación y evitar sanciones económicas.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aunque menos conocida, también desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero. Esta ley establece los mecanismos para que los ciudadanos reclamen daños y perjuicios causados por actos irregulares de la administración pública, proporcionando un medio adicional para combatir estas prácticas ilícitas.

En resumen, el auge del derecho administrativo en México está estrechamente vinculado a los esfuerzos por prevenir el lavado de dinero y combatir la delincuencia financiera. Es fundamental comprender estas leyes y regulaciones para garantizar una administración pública justa y transparente que proteja los intereses de todos los ciudadanos.

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