En un esfuerzo por intensificar la lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario, las autoridades mexicanas han implementado nuevas disposiciones que obligan a reportar los contratos de promesa de compra-venta, así como las resoluciones judiciales relacionadas con la adquisición de bienes raíces. Estas acciones se suman a los controles ya establecidos, creando un marco más riguroso de supervisión y transparencia.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que, a partir de este mes, los contratos preliminares de compra-venta de inmuebles deberán ser informados a las autoridades financieras. Este cambio busca cerrar posibles brechas que permitían la ocultación de transacciones sospechosas y la utilización del sector inmobiliario como vía para el blanqueo de capitales ilícitos.
Reportes obligatorios para notarios y corredores
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), los notarios, corredores públicos y otros profesionales del sector deberán asegurar que todos los contratos de promesa de compra-venta se reporten oportunamente cuando el valor de las propiedades alcance ciertos umbrales. Con esta medida, el gobierno federal pretende dificultar el uso de contratos preliminares como herramientas para enmascarar operaciones financieras de origen ilícito.
El papel del Poder Judicial
Por otro lado, las resoluciones judiciales relacionadas con la compra de propiedades también estarán sujetas a reportes obligatorios. En muchos casos, las decisiones judiciales han permitido la adquisición de bienes raíces bajo condiciones que pueden ser aprovechadas por individuos o entidades que buscan evitar los controles financieros convencionales. Con este nuevo requerimiento, se añade una capa de seguridad para que estas transacciones no escapen del escrutinio antilavado.
Nuevas sanciones por incumplimiento
Las autoridades han advertido que el incumplimiento de estas obligaciones será severamente sancionado. Aquellos profesionales del sector inmobiliario que no cumplan con los reportes antilavado podrían enfrentarse a multas considerables e incluso a la inhabilitación para ejercer. Además, cualquier transacción inmobiliaria que se considere sospechosa será remitida a las autoridades correspondientes para su investigación.
Reacción del sector inmobiliario
Los actores del sector inmobiliario han mostrado reacciones mixtas frente a estas nuevas regulaciones. Mientras algunos ven en ellas una oportunidad para profesionalizar aún más el mercado y contribuir a la lucha contra el crimen organizado, otros advierten que podría haber un aumento en los costos operativos debido a los requisitos adicionales de cumplimiento.
No obstante, la postura oficial sigue siendo clara: los controles más estrictos buscan proteger la integridad del sistema financiero y evitar que el sector inmobiliario se utilice para fines ilícitos.
Un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero
Estas nuevas medidas reafirman el compromiso del gobierno de México en la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en un sector que históricamente ha sido vulnerable a actividades ilícitas. Con una mayor supervisión en los contratos de promesa de compra-venta y en las decisiones judiciales relacionadas, se espera que el sector inmobiliario sea más transparente y resistente a los intentos de manipulación por parte de organizaciones criminales.
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