- Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado.
En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los rubros más vulnerables ante esa actividad ilícita.
El International Narcotics Control Strategy Report 2019, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, no solo lo confirma, sino que advierte que el segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios.
Las técnicas que utiliza la delincuencia son diversas. Incluyen el uso de prestanombres para la compra de propiedades o la contratación de hipotecas, la compra/venta de propiedades con valores alterados (por encima de su precio de mercado al comprar y por debajo de este al vender) y el uso de fondos ilícitos para construir o remodelar propiedades con fines de venta o alquiler.
Para meter freno al lavado de dinero a través de estas y otras prácticas y, al mismo tiempo, proteger a empresas y particulares de involucrarse en actividades ilícitas existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Esta normativa -también conocida como Ley Antilavado-, fue publicada en junio de 2013 y establece lineamientos para quienes realicen actividades vulnerables, ya sea como desarrolladores u oferentes de servicios relacionados con bienes inmuebles.
Dichos lineamientos contemplan la identificación de los clientes, resguardo de documentación, elaboración de un manual de lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero, registros especiales y atención de las visitas de verificación y presentación de avisos periódicos en la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT, para informar de las operaciones realizadas.
En caso de fallas o incumplimiento, la autoridad dispone sanciones económicas y administrativas. Por ejemplo, la sola omisión de envío de avisos a la autoridad genera una sanción de entre 10,000 y 65,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o de entre 10% y 100% del valor del acto u operación, lo que resulte mayor; mientras que el incumplimiento en la identificación de clientes y usuarios puede generar multas de entre 200 y 2,000 UMAs.
¡Evítate problemas y cumple con la ley antilavado! Hacerlo fortalece la reputación empresarial, genera un buen clima para hacer negocios y evita posibles quebrantos por sanciones o multas.
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