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*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional.

Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el lavado de dinero, no todos conocen cuáles son las funciones de esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  y cómo ‘sirve’ a los sujetos obligados a cumplir con la llamada Ley Antilavado.

Este organismo fue creado en 2004 con dos funciones principales: la primera consiste en fungir como un interlocutor neutral, con conocimientos técnicos y especializados para los sujetos obligados que reportan a la autoridad; y la segunda, en actuar como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional.

De manera específica, se encarga de recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analizar las operaciones financieras y económicas de los sujetos obligados, difundir reportes de inteligencia para detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad.

A la par, este organismo implementa y da seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo.

El modelo de UIF de México responde al denominado “modelo administrativo”, el cual consta de instancias ubicadas en los Ministerios de Finanzas o Bancos Centrales (en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) que funcionan como intermediarios entre el sistema financiero, los sujetos obligados y las autoridades de procuración de justicia.

En 2019, la UIF bloqueó a 1,371 sujetos, así como 12,074 cuentas. Derivad de ello, se generó el congelamiento de 5,023 millones de pesos bloqueados, así como 52 millones de dólares en recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales.

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