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Gracias a las estrategias propuestas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), muchas de estas recomendaciones han sido puestas en práctica en México. Estas recomendaciones mejoran la trasparencia y disponibilidad de la información sobre el beneficiario final. 

En su recomendación número 24 se puede apreciar lo siguiente: “Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que estas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.”

Para contextualizar, en México las personas jurídicas son independientes de los miembros que integran, tienen personalidad y patrimonio propio, distinto al de la empresa. A esta separación, también conocida como Velo corporativo, permite mantener anónimas a las personas detrás del régimen de personas morales. 

Se ha identificado que los delincuentes, a raíz de querer mantener su anonimato, suelen tener crear y administrar a personas jurídicas para que se conviertan en propietarias de sus recursos, de este modo crear una fachada para encubrir la identidad de los criminales así como el propósito de la cuenta y los bienes. 

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