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A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad para el Gobierno Federal, vale la pena conocer los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate a ese delito.

En 2004 se creó esta instancia para en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

Desde entonces, sus actividades se han visto potenciadas con la colaboración de las diferentes instancias, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Algunos analistas aseguran que si bien estamos lejos de prevenir y castigar la totalidad de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, México va por buen camino. A este respecto la UIF reporta que de enero a agosto de 2020 ha bloqueado 1,591,729,094 millones de pesos, para un acumulado de 6,659,381,590 de 2015 a 2020.

La lista de personas bloqueadas acumula un total de 11,606 nombres, de los cuales 3,507 se han sumado entre enero y agosto de este año.

En lo que respecta a las denuncias ante la FGR, en lo que va del periodo 2020 se han contabilizado 68, para un total de 648. En este proceso se han emitido 22,776 notas de inteligencia, las cuales 793 se giraron los primeros ocho meses de 2020.

Otro dato que comparte la UIF es el incremento del número de demandas de amparo derivado de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello se implementó un área que atiende exclusivamente esta tarea. A la fecha, los amparos promovidos suman 3489, entre los que se encuentran los 793 registrados entre enero y agosto de este año.

Como puedes observar, el combate al lavado de dinero en México no tiene marcha atrás y en este escenario la UIF sirve de enlace entre los sujetos obligados (SO) al cumplimiento de la llamada Ley Antilavado y las autoridades encargadas de aplicarla, facilitando muchos procesos y actuando como interlocutor neutral, técnico y especializado para los SO que reportan a la autoridad.

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