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En México, los notarios públicos son considerados sujetos obligados en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Entre las principales obligaciones de un notario público respecto a la LFPIORPI se encuentran las siguientes:

  1. Identificación de clientes y beneficiarios: El notario público debe llevar a cabo un proceso de identificación y conocimiento de sus clientes y, en su caso, de los beneficiarios finales de las operaciones que se realicen ante él.
  2. Reporte de operaciones relevantes: El notario público debe reportar a las autoridades correspondientes cualquier operación que se considere relevante, según los criterios establecidos por la ley y sus reglamentos. Esto incluye, por ejemplo, la compra o venta de bienes inmuebles, la constitución de sociedades o fideicomisos, y la realización de actos jurídicos que involucren sumas de dinero significativas.
  3. Conservación de registros: El notario público debe conservar registros de las operaciones realizadas ante él, incluyendo información sobre los clientes, los beneficiarios, los bienes involucrados y las sumas de dinero que se manejen.
  4. Capacitación y actualización: El notario público debe recibir capacitación y actualización periódica en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de estar al tanto de las mejores prácticas y estrategias para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En caso de que un notario público incumpla con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y sus reglamentos, puede enfrentar sanciones económicas, clausuras temporales o definitivas de su notaría, e incluso penas de prisión en casos graves. Por lo tanto, es importante que los notarios públicos conozcan sus obligaciones y las cumplan adecuadamente para prevenir y detectar operaciones ilícitas.

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